Licencia para ser padres: proteger a los niños hospitalizados

Por Catalina Rojas .O. periodista especializada en ciencias y editora de Matasanos

El cáncer es una enfermedad que se manifiesta de un día para otro. Nadie está preparado para recibirlo. Ni un adulto, ni un niño, ni los especialistas que deben tratarlo: el escenario siempre puede empeorar.

Conocí una red de madres que cada día aumenta en adhesión, cuya lucha es poder acompañar a sus hijos que padecen esta patología, mientras son tratados. ¿Les parece lógico?, espero que no.

Básicamente, porque es impresentable que en Chile los padres no tengan la libertad que se requiere para participar de todas las instancias –hospitalización, urgencias e incluso alimentación- que demanden sus hijos, cuando se encuentran en condiciones graves o de extremo cuidado.

Estas mujeres –junto a sus parejas- no deberían estar luchando por ganar ese derecho: ya deberían contar con él. En medio de este escenario, el gobierno tiene una posibilidad de revertir esta realidad. Se creó un proyecto de Ley que busca regular este permiso para los padres –hasta por seis meses-, uno que fue estructurado en 2014. La iniciativa ni si quiera fue ingresada al Congreso, pese a que participaron en su articulación las autoridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. La idea fue encabezada por la diputada Karla Rubilar desde el año 2011, y ha sido reflotada estos últimos meses por Carolina Goic (DC). Recién el 21 de mayo de 2016 –dos años más tarde– la presidenta Bachelet en medio de evidentes presiones, anunció la creación de un “mecanismo solidario para las madres y padres trabajadores en caso que sus hijos e hijas menores de quince años sufran un accidente o enfermedad grave y de alto riesgo vital”. No: esta idea no ha sido prioritaria para el Estado, en ningún gobierno anterior y en este, se ha demorado bastante en serlo.

No ha sido prioridad que los niños tengan asegurada la compañía de sus padres para poder combatir enfermedades mortales o al menos complejas. Patologías que los alejan de sus colegios, de sus casas, de su familia, de sus amigos, de una realidad que deberían disfrutar con –al menos- esbozos de felicidad.

El testimonio de estas madres reveló además, que los empleadores se han hecho cargo de sus ausencias: las han apoyado hasta con el respaldo económico que requieren,  para conseguir medicamentos de alto costo.

Pero ni el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), ni los seguros privados (Isapres), han cedido a velar por la salud de estos menores. Porque los niños dependen de usuarios que son tratados como clientes y no como personas, entonces económicamente no deben considerarlo “rentable”.

En 2015 las utilidades de las Isapres sumaron más de $37 mil millones. Ello significó un 37,8% menos que las registradas en 2014, pero se trata de niveles similares a los años anteriores. Entonces, ¿podemos realmente hablar de un escenario poco rentable para ellas?

A esto se suma, que la problemática ni si quiera se contempla en la propuesta creada por la Comisión Asesora Presidencial que busca modificar la normativa que rige para las Isapres, proponiendo un nuevo marco jurídico.

Frente a todo esto, es prudente considerar que los padres no piden regalías. No buscan dejar de trabajar para siempre y abandonar sus deberes. No piden tiempo libre para descansar o disfrutar. Para estos padres el calendario no se detiene en nimiedades: deben luchar por salvar la vida de sus hijos todos los días y estar preparados para atender urgencias a cualquier hora.

La realidad es miserable. Y con esta información lo mínimo que debe hacer el Estado es crear un marco legal robusto, que impida separar a menores en estado crítico de su familia. Una Ley que vaya contra todos los intereses privados y económicos. Una que privilegie la calidad de vida y salud de los niños, como un derecho fundamental.

 

Agregar un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *